Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio ¿Realidad o utopía?

Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio ¿Realidad o utopía?

10 abril, 2019 0 María Elena Adriana Ruiz Visfocri

La creciente cifra de feminicidios en Colima colocan a la entidad, según organizaciones sociales, en una situación de emergencia. Por ello, las recomendaciones de dos casos emblemáticos de feminicidio, “Campo algodonero” y “Mariana Lima“, son retomados como propuestas para crear una ley contra el feminicidio en Colima. Tal propuesta fue presentada en reciente foro convocador por la la diputada local Ludivina Sandoval Mendoza.

Las cifras de homicidios difundidas recientemente por el Inegi, cruzadas con los resultados de la Encuesta Intercensal, revelan que durante 2016 Colima registró una tasa de 17.20 víctimas femeninas por cada 100 mil mujeres, con lo que superó a Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Baja California y el Estado de México, en tanto que la media nacional fue de 4.44.

En 2007 la tasa de asesinatos de mujeres en Colima era de 1.9; en 2013 los datos del Inegi ubicaron a esta entidad con una tasa de 5.09, en 2015 escaló al 7.21, sólo debajo de Guerrero y Chihuahua, para llegar al primer lugar en 2016.

Según el Inegi, de 26 asesinatos de mujeres cometidos durante 2015 en Colima, la cifra se elevó a 62 en 2016, pero el panorama empeoró, de acuerdo con un seguimiento realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2017, las víctimas registradas sumaron más 43.

En 2018 y 2019, Colima ha venido ocupando mes con mes el nada honroso Primer lugar nacional en feminicidios.

Analicemos que es Feminicidio, el profesor peruano especialista en derecho penal, Luis Ramón Arias Torres, considera: “Por Feminicidio se entiende la muerte de una mujer como forma de resaltar la dominación y el control del hombre sobre ella”.

Asimismo, la Dra. Jane Caputi, definió al femicidio como: “la muerte de mujeres realizada por hombres, motivada por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.

México, ha firmado Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tales como CEDAW, que establece la obligación de los Estados de actuar frente a la violencia contra las mujeres, considerándola como una violación a derechos humanos señalando:

Ante las violaciones de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia; una responsabilidad que incluye la prevención, investigación, sanción y compensación”.

Insistiendo que, los actos de violencia contra las mujeres son acciones graves de discriminación y la forma más generalizada de violación de los derechos humanos.

Es importante tomar en cuenta la Recomendación General 19, que explica el vínculo entre discriminación y violencia, que permite reconocer que la violencia de género ha sido provocada por factores sociales y culturales, los que a través de la historia consideran a las mujeres inferiores, así como la responsabilidad del Estado para prevenirla y erradicarla.

Hoy se identifica al feminicidio como: la muerte violenta de una mujer, por el solo hecho de serloy como una continuidad de la violencia a la que son sometidas; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica a esta conducta como violencia feminicida.

El concepto de “acceso a la justicia”, se define como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, conforme a los parámetros internacionales de derechos humanos. A raíz de la firma de los tratados internacionales que amplían la protección de los derechos de las mujeres, hemos observado el nacimiento de un sistema de justicia en el cual se pueden fincar responsabilidades a los Estados por la desprotección de las mujeres por el no cumplimiento de sus compromisos internacionales, como son actuar con debida diligencia frente a estas violaciones atendiendo la problemática desde cuatro ámbitos: prevención, investigación, sanción, reparación del daño y no impunidad.

Mi propuesta es que, se incluyan en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, como obligatorio y parámetros mínimos, las recomendaciones y acciones ordenadas en los Casos Emblemáticos de “CAMPO ALGODONERO”, decretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “MARIANA LIMA”, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que estas Sentencias, se conviertan en el A, B, C, para todas las investigaciones, sanciones y reparaciones de los delitos de feminicidio, que se cometan en la República Mexicana. A fin de que se haga justicia a las Mujeres asesinadas y se combata frontalmente la impunidad de sus asesinos.